La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido hoy que las pensiones mínimas de los autónomos -que además de las de jubilación incluyen las de viudedad, orfandad o incapacidad- se equiparen al salario mínimo interprofesional (SMI) en tres años.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido hoy que las pensiones mínimas de los autónomos -que además de las de jubilación incluyen las de viudedad, orfandad o incapacidad- se equiparen al salario mínimo interprofesional (SMI) en tres años.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha pedido, en un encuentro informativo, al Gobierno que las pensiones más bajas de los autónomos, cuya media es de 649 euros, alcancen el SMI en 2021, lo que implicaría una subida del 30%, ya que en 2020 el mínimo estará en 850 euros.
Además, Abad ha propuesto que el sistema de la Seguridad Social no se sustente únicamente en las cotizaciones sociales, sino que haya partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para sustentar las subidas de las pensiones, cuya financiación provenga de impuestos directos o indirectos.
«Los impuestos están creados para redistribuir la riqueza de este país», ha insistido el presidente de UPTA, para después criticar que los autónomos personas físicas tributen un 40%, en tanto que las sociedades lo hacen al 17%.
Cotizar por ingresos reales
Desde la asociación insisten en la necesidad de que los autónomos coticen por ingresos reales, una «línea roja» para transformar un «sistema injusto» en «justo».
Su propuesta de cotizaciones al sistema se basa en tres tramos: uno para aquellos que cobren por debajo del SMI, similar a la tarifa plana de 50 euros; un segundo entre el SMI y los 40.000 euros anuales, el 70% de los emprendedores del país, que elegirían entre base mínima y máxima; y un tercero para los que cobren más de 40.000, con una base mínima que duplique a la del resto.
«Unos 800.000 autónomos han cotizado por encima de sus posibilidades en los últimos 10 años», ha declarado, y propone un incentivo fiscal a este «sobreesfuerzo» que hacen algunos autónomos aportando el máximo, lo que asegura una pensión superior, y que consistiría en una deducción del 20% en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Brecha entre rural y urbano
Por otro lado, Abad ha destacado la diferencia «de hasta 200 euros» que existe entre los pensionistas rurales y los de núcleos urbanos, y ha puesto el ejemplo de Vizcaya, donde las pensiones rozan los 800 euros, y de Soria, donde se quedan en torno a los 600 euros.
Esta diferencia la ha achacado a la lenta incorporación dentro del mundo rural a la cotización, así como a la incorporación del Sistema Especial Agrario al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 2008, y a la diferencia de posibilidades económicas entre el campo y la ciudad.
UPTA ha propuesto al Gobierno un plan de relevo generacional entre los autónomos, con especial incidencia en el entorno rural, para que negocios económicamente rentables no tengan que echar el cierre y hacer frente también a la despoblación rural, donde los trabajadores por cuenta propia alcanzan a representar el 60% de la población ocupada.