©2019 Recarey Consultores S.L

Cargando...

Noticia

La situación impositiva de las sociedades españolas es de las más altas de los países avanzados al gravar con un 47% los beneficios, frente al 39,3% de la media comunitaria, lo que repercute en la contratación laboral y la expansión del PIB

Cada día es más común escuchar a los empresarios españoles denunciar la elevada fiscalidad y la constante presión a la que son sometidos por la Agencia Tributaria con duros gravámenes e inspecciones periódicas que, lejos de favorecer su expansión, dificultan sus posibilidades de crecimiento en un mercado cada vez más global en el que cualquier factor productivo influye de una forma determinante. No son pocos los que ya se han visto obligados a salir del país en busca de condiciones más ventajosas.


La patronal CEOE asegura que «el ránking de voracidad tributario español» ocupa «puestos de cabeza» en el plano internacional que los industriales no cesan de cuestionar dada la repercusión que estos costes representan en un contexto de competitividad mundial. 


En términos fiscales, tener una sociedad en activo en España equivale a pagar a Hacienda casi un 50% sobre los beneficios. Es decir, la cuña fiscal asciende a más de la mitad de las ganancias netas o, lo que es lo mismo, equivale a pagar a Hacienda uno de cada dos euros de sus márgenes empresariales

.
Si lo comparamos con el Reino Unido, la diferencia es de un 47% más o de un 25% más que la medida registrada en los países de la eurozona, un 22% más que en los Estados de la OCDE y un 7% por encima de EEUU. La situación, por el contrario, no es mejor en Alemania, Francia o Italia, países vecinos donde la presión impositiva a las empresas es aún más intensa.


Según el informe Paying taxes 2019, elaborado en 190 Estados por la consultora internacional Price Waterhouse Coopers (PWC), que compara el pago de impuestos como el de Sociedades o cotizaciones a la Seguridad Social, la situación española es de las más altas de los Estados avanzados al gravar con el 47% los rendimientos empresariales frente a la media comunitaria del 39,3%, es decir 7,7 puntos porcentuales menos. En Gran Bretaña, por ejemplo, no pasa del 30%, la media de la OCDE ronda el 40% y en Estados Unidos no supera el 44%.


En el podium europeo están las economías de Alemania que se sitúa en el 49%, Italia (53,2%) y Francia (60,5%), lo que representa una carga de las más altas del mundo.


El análisis de PWC revela que las tres cuartas partes de la fiscalidad que soportan los empresarios españoles van para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y, según sus analistas, esta carga tributaria es «excesiva», ya que no ayuda a generar actividad económica y, sobre todo, porque entorpece, entre otros factores, la contratación laboral, el desarrollo de un tejido de empresas de gran tamaño con una mayor capacidad de financiación y de expansión en el exterior. 


Alberto Monreal, socio y auditor de PWC en España, defiende en este informe que las empresas nacionales soportan una tributación demasiado agresiva, en perjuicio del mercado en el que tienen que compiten con sus adversarios.
Por su parte, la CEOE cuestiona el sistema impositivo nacional y recomienda al Gobierno rebajar las tasas fiscales para favorecer la actividad empresarial, la generación de empleo y, en el largo plazo, configurar una industria productiva potente, estable y sólida que garantice al Estado unos ingresos más eficientes para cumplir con las necesidades socioeconómicas del país.


En 2016, España contaba con 3.034 grandes corporaciones que tributaron un total de 8.660 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, lo que representó que un 0,2% del tejido industrial sufragó el 43% de la recaudación. Se trata de una tasa progresiva, lo que significa que se incrementa en función del tamaño de la compañía. Así,  las sociedades sin asalariados pagaron un 24,4%, las grandes un 25,17% y las de más de 5.000 empleados un 25,33%. En el caso de la gran banca española, el tipo medio  al que están sometidas es a un 29%.


Los economistas sostienen que «solo con que 240.000 pymes salieran de su estado de pérdidas, se podrían recuperar niveles de tributación de 2008». «Si no se ha recuperado la recaudación que registraba España en 2008 no es porque las grandes empresas paguen poco, sino más bien por que no se ha recuperado el número de industrias que había, el paro sigue en valores próximos al 15% y, en este contexto, la economía no logra reactivarse».


El planteamiento de los empresarios ante este escenario es la deslocalización a otros países. Desde 2008, se han perdido en España un 23% de las grandes corporaciones, lo que se traduce en subidas de precios y pérdida de competitividad.


En términos generales, cada español destina 32 de cada 100 euros de su salario a pagar impuestos y si se suma la carga que aportan las empresas en cada nómina, el recorte de la renta superaría la mitad del sueldo.


El sistema productivo nacional se enfrenta, además de unas elevadas tasas fiscales, a unos altos costes productivos que, por ejemplo, en materia energética el precio de la electricidad representa un 50% más alto que fabricar en EEUU o un 33% más que en Francia, según denuncian las empresas del sector de automoción. Sin embargo, entre las alternativas más ventajosas que tienen los empresarios españoles para ser competitivos están los bajos costes laborales que, pese a que el salario mínimo está, desde el pasado 1 de enero, en 900 euros, sin embargo, es muy inferior al de Luxemburgo (2.071 euros), Irlanda (1.652), Bélgica (1.593), Alemania (1.557), o Francia (1.521).


El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.692,5 euros en el cuarto trimestre de 2018, lo que supuso un repunte del 0,9% respecto al mismo período de 2017, su segunda mayor alza en tres años, según el Instituto Nacional de Estadística. 


En el cuarto trimestre de 2018, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) se elevó un 0,9% respecto al cuarto trimestre de 2017, situándose en 2.039 euros por trabajador y mes. Con este incremento interanual, los salarios también encadenan seis meses consecutivos de alzas interanuales. Construcción es el sector que registra la mayor subida con un 2,1% interanual hasta 2.802 euros, seguido de los servicios con un repunte del 1%, hasta los 2.583,3 euros, y la industria, con un incremento del 0,2%, hasta los 3.252 euros.


Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos se registraron en el País Vasco (3.211 euros por trabajador y mes), Madrid (3.164,6), Navarra (2.985,7) y Cataluña (2.880,3), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (2.223,8) y Canarias (2.305,7 euros).

 
Las dos regiones españolas que encabezan este ránking, País Vasco y Madrid, superan en más de 450 euros mensuales la media nacional (2.692,5 euros), mientras que la última, Extremadura, se encuentra en más de 450 euros por debajo.